Campesino Venezolano

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www.icarrd.org/es/photos. Photo: FAO/ G. Vizarri

miércoles, 14 de mayo de 2008

EL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA EN VENEZUELA


UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHO
INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AGRARIO
Y REFORMA AGRARIA
DIPLOMADO EN DERECHO AGRARIO


EL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA EN VENEZUELA
(1999 – 2004)


Econ. María Mascarell Santiago. M.Sc.
Mérida – Venezuela
2004



INTRODUCCIÓN
La presente investigación, referida al Financiamiento Agrícola en Venezuela entre los años 1999 – 2004, se realizó para el diplomado de Derecho Agrario dictado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Agrario y Reforma Agraria, de la Universidad de Los Andes, durante los meses de octubre 2004 a marzo 2005.

Es una investigación preliminar, de tipo documental a través de la recopilación de información legal y de estudios relacionados al tema, fundamentalmente la serie Replanteamiento de las Finanzas Rurales, realizado bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Oficina Técnica Alemana (GTZ). La principal limitación enfrentada ha sido la falta de datos estadísticos sobre los montos financiados, tanto por rubro como por áreas geográficas, razón por la cual no contiene análisis estadístico. Se anexan, a manera de ilustración, dos cuadros sobre el financiamiento agrícola por periodo presidencial en Venezuela, las únicas estadísticas disponibles en la página Web de Fondafa.

Partiendo de una metodología descriptiva, este trabajo persigue un primer acercamiento al tema del financiamiento agrícola. Inicialmente se revisan las características del sector agrícola. Posteriormente, se examinan los conceptos referidos al crédito, sus características así como una reseña histórica del crédito agrícola en Venezuela. Luego, se analiza la normativa legal vigente en Venezuela a partir de 1999, relacionada con la actividad agrícola. Por último, estudiaremos las instituciones financieras formales e informales involucradas en el financiamiento del sector agrícola.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La permanencia del hombre en nuestro planeta se encuentra sujeta, entre otras razones, a la disponibilidad de alimentos. Hasta el momento, pese al avance tecnológico, el sector agrícola depende de la relación hombre – naturaleza. En su mayoría las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras se desarrollan directamente en ambientes naturales.

El sector agrícola es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de cualquier país; dado el mayor margen de riesgo e incertidumbre que caracterizan el proceso productivo agrícola el financiamiento se constituye en piedra angular para promover y mantener la dinámica productiva. Las características propias de la agricultura exigen una política agropecuaria coherente, integral, dinámica, con alta participación y apoyo social y con la fuerza necesaria para pasar de política gubernamental a política de Estado1.

Desde un punto de vista estratégico, la agricultura requiere de diversas medidas (legales, económicas, financieras, ambientales, educativas, entre otras) para estimular la inversión y asegurar un ingreso mínimo adecuado a las familias de las áreas rurales.

Con tal propósito, cada gobierno crea o modifica los organismos crediticios públicos de apoyo a la agricultura. Desde hace más de tres décadas, el Estado venezolano ha intervenido directamente en la banca privada al imponerle montos mínimos de financiamiento agrícola, tanto de tasa de interés como del porcentaje destinado a la cartera agrícola.

1 La extensión agrícola en el cambio institucional. (2002). IICA, San José – Costa Rica, p. 19.

El incremento de la inversión agrícola genera impactos positivos, entre otros: incrementar la producción de bienes y servicios agrícolas, aumentar el nivel de ingreso de las familias rurales, generar empleo rural especialmente para mujeres, mejorar las condiciones de vida en el campo y disminuir la dependencia externa de alimentos, en tales razones se justifica la intervención estatal en dicho sector.


OBJETIVOS


Objetivo general:
Analizar el rol que desempeñan las instituciones financieras públicas y
privadas venezolanas dedicadas al financiamiento del sector agrícola.

Objetivos específicos:
• Caracterizar las instituciones financieras.
• Identificar el marco jurídico que regula el financiamiento agrícola en
Venezuela.

JUSTIFICACIÓN

El estudio del financiamiento agrícola se basa en la necesidad de comprender y diferenciar el sector agrícola de otros sectores de la economía, debido a su dependencia del medio ambiente y al mayor riesgo e incertidumbre a los cuales se encuentra sujeto. Sin embargo, la dificultad en el retorno del capital por la irregularidad en los ingresos de los agricultores, el mayor riesgo e incertidumbre en cuanto a precios y al estado del tiempo junto a la falta de garantías los hace clientes muy especiales para la banca privada: representado un riesgo mayor al de otros sectores aunado a mayores costos de transacción. El sector agrícola se considera estratégico para el desarrollo de cualquier país. El financiamiento agrícola es un elemento clave para alcanzar las metas de desarrollo económico y social; siendo menester, por lo tanto, garantizar un accesible, oportuno y suficiente flujo de recursos financieros para estimular la inversión agrícola.

Consciente de esta realidad durante el siglo pasado, el Estado venezolano realizó diversos esfuerzos para promover el desarrollo agrícola; no obstante, cada gobierno ha diseñado diferentes políticas e instrumentos dirigidos al agro, lo cual no ha permitido continuidad ni estabilidad en torno a las condiciones de inversión y comercialización en dicho sector.

A finales de 1999, con la aprobación de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, se redefine el papel del Estado en los diferentes órdenes del ámbito económico y especialmente el referido al sector agrícola.

En Venezuela, la situación actual de los productores agrícolas se caracteriza por frecuentes exigencias de mayor intervención gubernamental tanto crediticia como de control de importaciones. Cabe preguntarse: ¿Cuál es el marco legal e institucional vigente para el financiamiento agrícola en Venezuela? ¿En qué medida ha favorecido la aplicación de políticas de financiamiento agrícola al productor?
Ante este panorama, se crean y modifican diversas leyes, dando paso a un nuevo marco legal para el financiamiento agrícola. De está manera, se busca dar cumplimiento con los preceptos constitucionales; fundamentalmente el artículo 305 en el cual el Estado garantiza la seguridad alimentaria de la población a través de la promoción de la agricultura sustentable como base estratégica para el desarrollo rural integral.2

En este mismo orden de ideas, el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, asigna al sector agrícola un rol protagónico para garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la soberanía económica y agroalimentaria del pueblo venezolano, entre otros objetivos. Ahora bien, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, define la seguridad alimentaria como una situación en la cual todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias para así llevar una vida activa y sana3.

2 El desarrollo rural se ocupa de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que viven en las zonas rurales agrupadas en unidades familiares de producción y consumo, ya sean agrícolas o no agrícolas, y por lo tanto, de todas las instituciones y acciones que afectan de manera directa al nivel de vida de dichas personas. Para un análisis más detallado véase: FAO. [En línea]. Disponible en: http://www.fao.org.
3 FAO. [En línea]. Disponible en: http://www.fao.org.


De acuerdo con esta definición, se generaran los indicadores para medir el grado de cumplimiento de dicho Plan de Desarrollo, que aunque ambicioso se basa en criterios de equidad imperiosamente necesarios en el país.

CAPÍTULO I
EL SECTOR AGRÍCOLA

1.1. Definición
El sector agrícola abarca las actividades: agrícola animal, agrícola vegetal, pesquero y forestal. La actividad agrícola, en general, es un proceso mediante el cual el hombre establece una relación con la naturaleza con el fin de obtener alimentos y materia prima para satisfacer sus necesidades básicas utilizando una tecnología dada. No obstante, debemos acotar que al referirnos a la actividad agrícola lo hacemos de manera amplia incluyendo todas las actividades, arriba mencionadas, que conforman el sector agrícola.

1.2. Características
A diferencia de los productores pertenecientes a otros sectores de la actividad económica el agrícola se desenvuelve en un ambiente competitivo, de productos homogéneos (al menos con escasa o poca diferenciación) dirigidos a satisfacer necesidades básicas, con un corto periodo para comercializarlo y una alta dependencia de las condiciones del tiempo. Antes de avanzar debemos
considerar las principales características en que se da el proceso productivo agrícola4.

• Dependencia del estado del tiempo.
• Estacionalidad de la producción.
• Exposición de los cultivos y animales a enfermedades y plagas.
• Nivel y calidad de producción incierta.
• Caducidad del producto.
• Riesgo de pérdida poscosecha.
• Producción geográficamente dispersa.
4 Bejarano, Jesús. (1998). Economía de la agricultura. Bogotá: Editorial Tercer Mundo.
• Inflexibilidad de recombinar los factores de producción, una vez iniciado el proceso productivo.
• Inmovilidad relativa (los factores productivos tienen escasa posibilidades de uso fuera de la producción agropecuaria, pesquera o forestal).
• Reducido margen de manejo de los stocks en la mayoría de los productos de la agricultura.
• Distintos grados de poder de negociación entre los productores y la agroindustria.
• Actividad competitiva (gran número de productores cada uno con una participación reducida respecto a la oferta total).
• Productos con muy poca diferenciación u homogéneos.
• Dificultad para generar innovaciones y crear ventajas competitivas.

La intervención estatal se fundamenta en las diferencias de la actividad agrícola en relación con otros sectores de la economía como fuente principal para garantizar la seguridad alimentaría de la población y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales.

1.3. Política pública agrícola en Venezuela
Actualmente, el ente rector del sector agrícola en Venezuela es el Ministerio de Agricultura y Tierras, anteriormente denominado Ministerio de Agricultura y Cría. Este último, en 1999, fue convertido en un viceministerio al fusionarlo con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y así crear el Ministerio de la Producción y el Comercio (MPC). Posteriormente, el MAC fue restituido al rango de ministerio cambiándole el nombre a Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT)5. Para el trienio 2004 – 2006, el MAT reformuló la política agrícola nacional con la
finalidad de fortalecer el mercado interno, generar fuentes de trabajo, dar alto valor
5 Véase Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Nº 36.775. Decreto Nº 253 de fecha 10/10/1999. agregado nacional a la producción nacional, elevar el nivel de vida de la población, diversificar la economía productiva, incrementar el producto interno bruto no petrolero y fortalecer la soberanía económica y agroalimentaria del país.

Políticas Públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras Fortalecimiento de la conciencia agrícola Integración y fortalecimiento de las misiones a través del reconocimiento de la importancia del sector agrícola en el desarrollo nacional y de las prácticas agroecológicas.

Legislar en materia agroproductiva Con base en el artículo 204 de la Constitución Nacional, la iniciativa de las leyes corresponde al Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

Consolidación de la nueva institucionalidad agrícola6

El MAT como ente encargado de diseñar la política agrícola nacional cuenta con nueve organismos adscritos que ejecutan los planes y programas agrícolas. Además posee oficinas en todos los estados del país.

Integración de los organismos gubernamentales

Se requiere la interacción armónica entre los diferentes entes públicos y organismos del Estado que desarrollan e implementan los planes de desarrollo nacional.

Incremento de las áreas de siembra y producción

A través del Plan de Siembra Nacional 2004 y de los planes operativos P1, P2 y P3 se financian los insumos, el proceso de siembra, producción, el acopio y la manufactura. La agroindustria se contempla en el plan P4 mediante la coordinación con el ente rector (MAT) y sus organismos adscritos.

Disminución de las importaciones Comprende la administración de los contingentes; implica ajustar el nivel de importación para equilibrar el mercado y así impulsar y desarrollar la producción nacional, complementada con el fortalecimiento de una red de distribución y un plan de reservas estratégicas y operativas.

Organización del sistema de comercialización nacional Conformado por la red de distribución de la Misión Mercal en todo el país. Se fundamenta en la Ley de Mercadeo Agrícola, propiciando el incremento conjunto de la seguridad alimentaria y la producción agrícola interna.

6 Los organismos adscritos al Ministerio de Agricultura y Tierras actualmente son: 1. Mercados Alimentarios (Mercal); 2. Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural (Ciara); 3. Instituto Nacional de Pesca y de la Acuacultura (Inapesca), 4. Corporación Venezolana Agraria (CVA); 5. Instituto Nacional de Tierras (Inti); 6. Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder); 7. Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA); 8.Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa); 9.Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA).

Plan de siembra nacional
Con este plan se desarrolla la nueva política nacional del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) cuyo objetivo es garantizar la seguridad agroalimentaria de la población por medio del incremento de las áreas de siembra y de producción aunado a la reducción de los contingentes de importación. Para tales fines se implementarán los planes operativos P1, P2, P3 y P4, que se describen a continuación:

Plan de Siembra Nacional 2004

Plan de siembra ordinario (P1)
Consta de 54 rubros seleccionados de acuerdo al consumo per cápita reflejado en la hoja de balance alimentario y al crecimiento poblacional.

Plan de siembra especial (P2)
Consiste en el incremento de las áreas de cosecha de nueve rubros deficitarios (maíz amarillo, arroz, caña de azúcar, papa, girasol, soya, caraotas, fríjol y algodón) los cuales tienen un impacto directo sobre la dieta del venezolano. Representan el 80% de la salida de divisas por importación y pueden ser producidos en el país con el consiguiente ahorro de divisas.

Plan de cultivos autónomos (P3)
Pretende fortalecer el potencial de los cultivos tradicionales o autóctonos y aquellos que tienen un potencial de crecimiento importante. Prevé la democratización de recursos a través dela banca pública y la privada. Incluye cultivos ornamentales, frutales y medicinales.

Plan agrícola nacional (P4)
Persigue el fortalecimiento del sector agroindustrial a mediano plazo gracias al incremento de la superficie sembrada, cuyos excedentes de producción se procesaran con objeto de incorporarles mayor valor agregado, ampliar el período de comercialización y disminuir la pérdida poscosecha. Además, se prevé la participación en a elaboración del producto final de organizaciones, asociaciones y cooperativas con facilidades de financiamiento conjunto del Ministerio de Agricultura y Tierras así como del Ministerio de la Producción y el Comercio.
Fuente: Fondafa. [En línea]. Disponible en: http://www.fondafa.gov.ve.

Programas de financiamiento agrícola
Con el propósito de presentar un amplio panorama de los principales programas de financiamiento agrícola otorgados por el Fondo Nacional de desarrollo Agrícola, Pecuario, Forestal y Afines (Fondafa), se incluye a continuación una breve descripción de éstos.

Programa de desarrollo social
Comprende el financiamiento de todos rubros incluidos en el Plan de Siembra Anual del MAT. Alcanza un monto a financiar de cien millones de bolívares en créditos individuales de personas naturales y hasta trescientos cincuenta millones de bolívares para créditos colectivos de personas jurídicas. Entre las partidas financiables tenemos: capital de trabajo, infraestructura, instalaciones, construcciones, maquinarias y equipos, mejoras, servicios conexos (transporte, almacenamiento en seco o en frío) acondicionamiento de la producción, procesamiento, asistencia técnica, fondo de riesgo administrado y fondo de garantía solidaria.

Programa de desarrollo rural
Concebido como un medio para el desarrollo social y humano, presenta una mayor exigencia que el resto de los programas al requerir perfil bancario de parte de los solicitantes y garantía un 33% superior al monto financiado. Es uno de los programas más amplios en lo que respecta a partidas a financiar: capital de trabajo, semovientes, construcciones e instalaciones, embarcaciones, camiones tipo cava, equipos de almacenamiento, entre otras.

Programa de maquinaria, equipos e implementos de uso agrícola
Este programa de financiamiento de maquinarias está destinado a productores individuales y cooperativas de mecanización agrícola, en el ámbito nacional, a su vez, se encuentra conformado por diferentes programas, a saber: Programa Brasil, suministro y dotación de maquinarias de origen chino, suministro y equipamiento de origen europeo y adquisición de maquinarias y equipos e implementos de origen nacional. Programa de repotenciación de maquinarias y equipos agrícolas Es un programa dirigido a pequeños y medianos productores propietarios de maquinaria y/o equipos agrícolas los cuales se encuentren fuera de servicio, por uso o falta de reposición de repuestos. Al igual que el resto de los programas prevé tanto créditos individuales como colectivos.

Plan de pesca artesanal
Abarca el financiamiento del pequeño pescador para la adquisición, construcción o reparación de buques a una tasa de interés del 12% anual.

Plan de incentivos
Tiene por objeto motivar a aquellos productores que presentan un excelente record crediticio a través de la disminución de los costos financieros. El Fondo de Garantía Solidaria y la Asistencia Técnica se utilizan como incentivo al reducir los montos a cancelar por tales conceptos al momento de liquidar los créditos.

Plan de incentivos de Fondafa
Sociedad de Garantías Reciprocas del Sector Agrícola (SOGARCA)
Quienes se inscriban en Sogarca y tengan aprobado financiamiento de Fondafa serán exonerados del pago del 1% correspondiente al Fondo. Asistencia Técnica Se otorgará una rebaja a 2,5% del costo por concepto de Asistencia Técnica a aquellos beneficiarios de créditos, del Programa de Desarrollo Social, que hayan cancelado puntualmente dos créditos.
Fuente: Fondafa. [En línea]. Disponible en: http://www.fondafa.gov.ve.

CAPÍTULO II
EL SISTEMA FINANCIERO Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA

2.1. El sistema financiero
El sistema financiero está constituido por un conjunto de elementos interrelacionados entre sí: los ahorristas o agentes económicos poseedores de excedentes y los agentes económicos deficitarios, aquellos que demandan créditos. De este modo, el sistema financiero cumple su papel primordial: la intermediación financiera, canalizando el ahorro de una región o país determinado a sectores o actividades productivas (prestación de servicios y producción de bienes).

El financiamiento abarca tres grandes áreas de la economía: primero, la Hacienda Pública o finanzas públicas, segundo, las cuestiones bancarias y tercero, los negocios mercantiles. La primera, referida a las actuaciones que realiza el Estado para proveerse de fondos (recursos públicos) y el destino que les asigna a través del gasto público. La segunda, el rol de los bancos como intermediarios financieros, y por último, los negocios mercantiles.

Nos limitaremos en este trabajo solamente a las actividades bancarias, como instituciones de financiamiento formal. De igual modo, analizaremos el financiamiento informal destinado a actividades agrícolas. Es conveniente, precisar algunos términos, como son: Financiar: “consiste en aportar el dinero necesario para una empresa, sufragar los gastos de una actividad, de una obra”7. Esta definición no implica una contraprestación por el dinero aportado, puede considerarse más como un instrumento o medio utilizado para alcanzar determinados fines; Bien sea el (7 Diccionario de la Lengua Española. (2000). Madrid: Real Academia Española. p. 1060. ) Estado, una organización no gubernamental (ONG), un organismo multilateral e inclusive una fundación privada quien provea los recursos.

Financiamiento agrícola: Son los aportes de recursos económicos destinados a cubrir los gastos de las actividades productivas del sector agrícola. Incluye la producción de bienes agrícolas, la prestación de servicios, procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización, transporte y actividades conexas.

Financiamiento rural: abarca los créditos agrícolas, los préstamos concedidos a empresas rurales no agrícolas y servicios de depósitos en zonas rurales8.

Intermediarios financieros: son empresas que operan en el mercado de la compra-venta de activos financieros, canalizando el ahorro desde un sector de la población –los agentes económicos que ahorran--, para cubrir las necesidades de otro sector –los prestatarios. Este proceso es indispensable para asignar eficientemente los recursos financieros que son escasos9.

Mercados financieros rurales: Incluye organismos no gubernamentales (ONG’s), cooperativas de crédito, bancos privados, bancos rurales y bancos de desarrollo agrícola, fondos estatales de desarrollo agrícola.

Servicios financieros: comprende los productos e instrumentos financieros prestados por los entes u organizaciones públicos o privados para facilitar y promover el desarrollo de los usuarios del sistema microfinanciero10.

8 Coffey, Elizabeth. (1998). La financiación agrícola: cómo formular la política acertada. FAO. P. 2 . [En línea]. Disponible en: http://www.fao.org. 9 Lacalle, Maricruz. (2002). Microcréditos: de pobres a microempresarios. Barcelona – España: Editorial Ariel. p. 31. 10 Definición tomada de la Ley del Sistema Microfinanciero. Gaceta Oficial Nº 37.164 de marzo de 2001.

2.2. El crédito y su tipología
La palabra crédito procede del latín “credere” y se traduce como creer, confiar, tener confianza en alguien o algo; Es la opinión que goza alguno de que cumplirá puntualmente los compromisos que contraiga. En “creer” o “confiar”, es decir, en la confianza se basa el sistema financiero: Equivale al oxigeno para la vida del ser humano, sin confianza no funciona el sistema financiero.

Si no hubiese demanda o soLicitudes de créditos, por desconfianza u otra causa, los fondos de los ahorristas serian improductivos: sólo reportarían a estos los intereses generados. Pero ¿cómo obtendrían los bancos ganancias para pagar los intereses a los ahorristas? Recordemos que una de las funciones principales de los bancos es la intermediación financiera y de no existir el crédito
verían muy limitadas sus actividades y, por ende, sus utilidades.

Peor aún resulta para la sociedad; de no disponerse de fondos para realizar inversiones (préstamos) y, en consecuencia, generar bienes y servicios, disminuiría el número de empleos en consecuencia se reduciría el consumo y se deprimiría la economía. Con frecuencia, se supone que la falta de capital y el acceso limitado al crédito institucional son los principales obstáculos que enfrenta la población rural al tratar de aumentar su producción y mejorar sus condiciones de vida. Según algunos autores, la utilización del término “beneficiarios” en vez de “clientes” junto al constante fracaso en el reembolso de los préstamos frena el desarrollo de la intermediación financiera rural.

Con relación a lo anterior, según estudios realizados por la FAO, la falta de acceso al crédito formal y a los servicios integrales de intermediación financiera impide el desarrollo agrícola y obstaculiza las iniciativas destinadas a mitigar la pobreza rural11.

Es preciso considerar algunas definiciones sobre el término crédito, crédito agrícola y crédito rural:

Crédito: “es la cantidad de dinero o cosa equivalente, que alguien debe a una persona o entidad, y que el acreedor tiene derecho de exigir y cobrar”.12 También podemos definirlo como transferencia temporal de poder adquisitivo. En este caso se crea una obligación del deudor frente al acreedor, la cual debe ser satisfecha en los términos establecidos al momento de otorgar el crédito.

Crédito agrícola: es la cantidad de dinero concedido en préstamo para ser invertido en el sector agrícola el cual debe ser devuelto junto a los intereses causados en los términos establecidos. Incluye la actividad productiva agrícola, pecuaria, forestal y pesquera; así como el transporte, almacenamiento, procesamiento, comercialización y cualquier otra actividad relacionada ya procedan estos recursos del sector público o privado.

Crédito rural: originalmente, en Venezuela, era una denominación reservada para el crédito agrario otorgado a los pequeños y medianos productores considerándolo como un elemento más de las dotaciones de la Reforma Agraria13.

Sin embargo, actualmente se concibe como el crédito destinado para actividades agrícolas y no agrícolas, diversificando el destino del préstamo a actividades no agrícolas pero realizadas en zonas rurales.

Crédito subvencionado o dirigido: Tiene como objetivo esencial la capacitación del pequeño y mediano productor en el uso racional de la tierra, en la

11 ¿Se justifica el replanteamiento de las finanzas agrícolas? (2001). N° 1. FAO – GTZ. Págs. 45-46. 12 Ídem., p. 680. 13 Casanova, Ramón V. (2000). Derecho Agrario. Mérida – Venezuela: Consejo de Publicaciones de la ULA. p. 229.

aplicación de las nuevas técnicas de cultivo, en el mejoramiento del hogar y en el uso correcto del crédito a fin de elevar el nivel de vida de la familia agricultora, mediante el desarrollo integral de la explotación agrícola y del hogar14. Pese a las diferencias señaladas en cuanto a los términos financiamiento y crédito, es común emplearlos como sinónimos ya que resulta, en nuestro caso, más importante su efecto en la economía al incrementar la inversión que la distinción entre sí será o no devueltos a la institución financiera.

Todos los sectores económicos requieren intermediación financiera para producir bienes y servicios, en particular el sector agrícola puesto que su producción satisface necesidades básicas de los seres humanos.

El crédito puede ser clasificado desde diversos puntos de vista según15:
o Uso: para capital de trabajo, inversión, financiamiento o consumo.
o Plazo: a corto, mediano o largo plazo.
o Garantía: personal, prendario, quirografario e hipotecario.
o Sector: público y privado
o Forma de desembolso: provisión real o total y por partidas o valuaciones.
o Sector económico a que esté dirigido: Industrial, comercial, de servicio, agropecuario, otros.

14 Véase el artículo 112 de la Ley de Reforma Agraria. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela, 611. Marzo, 1960.
15 Acedo, Alfredo y Acedo, Carlos. (2000). Instituciones financieras. Colombia: McGraw-Hill. p. 16-17.


Características singulares del financiamiento agrícola
1. Los préstamos agrícolas se desenvuelven dentro de un ambiente políticamente sensible
- La agricultura es un sector políticamente sensible.
- Los mercados financieros rurales suelen ser objeto de intervenciones gubernamentales.
2. Riesgos inherentes al crédito agrícola
- El hecho que los prestatarios se dediquen a las mismas actividades económicas hace que generen riesgos covariantes causados por las fluctuaciones en precios y mercados, las incertidumbres sobre los rendimientos, o los cambios en las políticas internacionales y nacionales.
- Intervenciones gubernamentales (por ejemplo, condonación de préstamos vencidos).
- Los sistemas crediticios con financiación externa tienen poca disciplina en el reembolso de los préstamos.
3. Altos costos de las transacciones financieras tanto para los prestamistas como para los prestatarios
- Largas distancias que recorrer para atender a la clientela rural dispersa.
- Infraestructura de comunicaciones y transporte muy poco desarrollada.
- Escaso conocimiento sobre la heterogeneidad de las familias rurales.
- Altos costos de gestión y supervisión de las redes de sucursales bancarias rurales.
- Elevados gastos adicionales para los prestatarios: costos de oportunidad (por ejemplo, tiempo de trabajo perdido), gastos en transporte, sobornos, comisiones.
4. Demanda crediticia específica
- La concesión de créditos de largo plazo puede traer consigo problemas para sincronizar los activos (préstamos) con los pasivos (fuentes de financiamiento).
- Bajo volumen y rotación de negocios de la cartera de préstamos agrícolas durante el año.
- Estacionalidad de la demanda de crédito agrícola.
5. Falta de garantías requeridas para los préstamos
- Los pequeños agricultores poseen escasos activos físicos (por ejemplo, tierra).
- Los agricultores, y especialmente si son campesinas pobres, tienen dificultades para probar su propiedad legal de los bienes.
- Surgen problemas para hacer cumplir legalmente los contratos, incluso cuando los prestatarios disponen de garantías.
6. Las familias de agricultores constituyen unidades integradas de producción y consumo - Su demanda de préstamos depende de las posibilidades que tengan para autofinanciarse, de su acceso a facilidades de ahorro y depósitos y de su competencia para la gestión del riesgo que tengan como prestatarios.
- Debido a la fungibilidad del dinero, estas familias pueden destinar los fondos prestados a consumo, educación, seguro social, producción e inversiones.
Fuente: Fiebig, Michael y otros. (2001). Mejores prácticas del financiamiento. Nº. 3. FAO –
GTZ. p. 12.

2.3. Reseña histórica del financiamiento agrícola en Venezuela

En Venezuela, durante el proceso de Reforma Agraria –iniciado en marzo de 1960— se adoptó el programa de crédito dirigido como elemento de apoyo para el logro de la transformación de la estructura agraria y la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político16.

A principio de la década del 60, la situación del campesino era similar en toda Latinoamérica; las condiciones de vida y trabajo de la población rural se caracterizaban por serias limitaciones, se consideraba que los agricultores17:
�� Carecían de liquidez, por lo tanto tenían dificultades para realizar inversiones en sus unidades de producción o adquirir tecnología o insumos modernos.
�� Eran demasiado pobres para ahorrar.
�� La ausencia de instituciones financieras formales permitió un poder monopólico, en el mercado financiero rural, a los prestamistas quienes cobraban intereses usurarios.
�� La banca comercial tenía una base urbana y eran conservadores a la hora de financiar actividades agrícolas en vista de la falta de garantías y el mayor riesgo asociado al sector.

En tal sentido, se consideró el crédito como parte de las dotaciones a suministrar a sus beneficiarios; en aquel momento, los recursos procedían principalmente del Estado, sin embargo, hoy día es común que sean los organismos multilaterales, ONG´s o fundaciones las fuentes de recursos.

En tales programas de crédito dirigido se definían previamente: los destinatarios de financiamiento agrícola y la finalidad de los préstamos otorgados (Incrementar la producción, mejorar las condiciones de vida de la población rural, 16 Ley de Reforma Agraria, ya citada.
17 Coffey, Elizabeth, obra citada, p. 2.
desarrollar áreas geográficas específicas, estimular la producción de rubros estratégicos), Igualmente, se tomaban en consideración las condiciones crediticias (tasas de interés, márgenes y plazo) así como los procedimientos de solicitud, evaluación, entrega y seguimiento.

En Latinoamérica y particularmente en Venezuela, pese a todos los esfuerzos el proceso de reforma agraria no obtuvo los resultados esperados desde el punto de vista económico, entre otras razones tenemos que:
�� Un número relativamente escaso de los créditos iba a parar a manos de la población pobre.
�� Este crédito tuvo escaso efecto sobre la producción y las inversiones agrícolas.
�� Problemas graves de recuperación de préstamos.
�� Dependencia de la financiación externa.
�� Desempeño ineficiente de las instituciones financieras.
�� Reducción del apoyo de gobiernos y donantes llevaron a la quiebra a muchos bancos de fomento y desarrollo agrícola.
�� Abandono de las zonas rurales por falta de incentivos económicos.

Con el cambio en el modelo de desarrollo (de sustitución de importaciones) a inicio de la década del 80, aunado al proceso de globalización de la economía, el crédito supervisado o dirigido empezó a decaer; el abandono de la planificación central y del intervencionismo del Estado a favor de la liberalización de los mercados obligó a la población rural a generar diferentes alternativas de financiamiento principalmente a través de instituciones de financiamiento no formales.
De esta manera, se plantearon exigencias de competitividad internacional sin precedentes para las economías latinoamericanas por los compromisos derivados de las negociaciones comerciales multilaterales, la apertura económica, la liberalización financiera y los procesos de integración.

Igualmente, el énfasis en los equilibrios macroeconómicos, las privatizaciones, la desregulación, el énfasis en el papel del mercado como asignador de los recursos productivos y la creciente incidencia de lso flujos financieros internacionales en los equilibrios macroeconómicos modificaron
radicalmente las políticas públicas de la región latinoamericana18

Este nuevo modelo promovido por organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional llevaron a los países latinoamericanos a aceptar financiamiento externo bajo la modalidad de crédito condicionado; para lo cual efectuaron serios cambios en la política económica del Estado (fiscal, monetaria y cambiaria) como: eliminación de subsidios, eliminación de barreras a la importación, apertura comercial, entre otros, que contribuyeron a agravar la
situación del agro venezolano19.

El desarrollo de mercados financieros rurales ha sido un objetivo de vieja data para tales organismos internacionales. En nuestro país, luego de eliminar (al menos por falta de suministro de recursos públicos y luego legalmente) las instituciones formales públicas de financiamiento agrícola, se retomó ésta vía a través de un fondo público, creado a finales de 2001 y denominado: Fondo Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (FONDAFA).

Pese a tales avances y retrocesos en cuanto a intervención gubernamental en el sector agrícola tenemos una serie de leyes novedosas que incluyen a la actividad agrícola, agroindustrial y rural como parte de su objeto de financiamiento.

18 Para un análisis más detallado, véase: Gómez, Luís. (1999). Nuevas orientaciones de política agrícola en América Latina. [En línea]. Disponible en http://www.fao.org.
19 Coles Ward, Jonathan. (1997). “El desarrollo agrícola venezolano: revisión crítica y perspectivas”. N° 600., pp. 548 – 555. Caracas: Sic.


Costos y riesgos inherentes al financiamiento agrícola
1. Los costos del crédito agrícola (visto desde los prestamistas).
-La dispersión de los clientes.
-Estacionalidad y largo plazo del crédito agrícola.
-Heterogeneidad de la agricultura.
2. Riesgos inherentes al crédito agrícola.
-El riesgo del incumplimiento del préstamo.
-Riesgo de liquidez.
-Riesgo por la tasa de Interés.
-Riesgo cambiario.
3. Riesgos propios de los créditos para fines agrícolas
-Los riesgos asociados con la producción y el rendimiento.
-Los riesgos de precios y mercados.
-Los riesgos causados por garantías inadecuadas.
-Los riesgos morales causados por distorsiones en la disciplina crediticia.
-Riesgos provenientes de cambios en las políticas nacionales e internacionales.
Fuente: Fiebig, Michael y otros. (2001). Mejores prácticas del financiamiento. Nº. 3.
FAO – GTZ. Págs. 11-18.

CAPÍTULO III
MARCO LEGAL DEL FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

3.1. Antecedentes
Para realizar un análisis de la legislación agraria actual debemos antes revisar las leyes referidas al financiamiento agrícola que la precedieron, en este caso, la Ley de Reforma Agraria (LRA) y su Reglamento. Promulgada en 1961, la Ley de Reforma Agraria, en su artículo 109, asigna en forma preferente al Estado el rol de “organizador” del crédito agrícola para cubrir las necesidades crediticias de los pequeños y medianos productores rurales -de manera individual- y de las cooperativas agrícolas y asociaciones de productores –de forma colectiva-.

Para dar cumplimiento con su papel de organizador prevé tanto la creación de los organismos necesarios como el uso (en aquel momento) de los existentes para el financiamiento de los grandes productores agropecuarios. En cuanto a la modalidad del crédito se adopta el “supervisado” –dirigidocomo instrumento adecuado para la incorporación de la población rural al
desarrollo económico, social y político.

El criterio del legislador fue amplio al señalar, en el artículo 113, como sujetos con derecho al crédito agrícola fuesen o no beneficiarios de dotaciones; las solicitudes podían realizarse de forma individual o colectiva.

Del mismo modo, en el artículo 126, el pago del crédito se programaba tomando en consideración períodos de gracia acordes al inicio de la producción si la naturaleza de la inversión así lo requería, Además, los pagos se calculaban por periodos anuales o menores dependiendo del rubro financiado.

Para aquel momento, se clasificaba a los productores en pequeños y medianos según el ingreso bruto anual, la participación activa de forma personal y el porcentaje de trabajo asalariado utilizado en la producción con lo que se establecían diferencias en las condiciones de financiamiento (artículo 98 del Reglamento).

Es así como, se fijó una tasa de 3% al año para los pequeños productores; los medianos pagaban de acuerdo a lo establecido por la Ley del Banco Agrícola y Pecuario. Como garantías para los créditos se reconocían la prenda agraria o industrial y se abría la posibilidad del uso de otras garantías (artículo 127 y 128 del Reglamento).

La Ley de Reforma Agraria, en su artículo 114, exige que las garantías deberían colocarse a favor del ente financiero (Banco Agrícola y Pecuario u otro que creara el Estado) preferiblemente sobre los siguientes bienes:
• Las plantaciones y cultivos,
• Los frutos de cualquier clase, pendientes o cosechados,
• Los animales de cualquier especie, sus crías y productos derivados,
• Las maderas y demás productos forestales,
• Los vehículos, maquinarias y demás instrumentos rurales,
• Los productos elaborados,
• Las maquinarias industriales, y
• Envases.

Un aspecto importante fue contemplar los medios de rehabilitación a los pequeños y medianos productores agrícolas y pesqueros, en caso de incumplimiento del pago de los préstamos por causas extrañas a su voluntad, debidamente comprobadas. La moratoria, la remisión total o parcial de la deuda y la concesión de un crédito de rehabilitación especial procedían de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento (artículo 134 del Reglamento).

3.2. Base constitucional
El componente económico, de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, tiene por objeto establecer los principios del régimen de las relaciones económicas y el papel correspondiente a la iniciativa privada y al Estado.

Desde está perspectiva, Brewer Carias (2000), concibe el sistema económico del país como de economía mixta, basados en el reconocimiento de la iniciativa privada y los derechos de propiedad y libertad económica fundamentados en los principios de justicia social, lo que permite la intervención del Estado en la economía (p. 234)20.

En este mismo sentido, el citado autor expresa que en la nueva carta magna se asigna como responsabilidad del Estado casi todo y, éste a su vez, puede regularlo todo; por consiguiente, la iniciativa privada aparece marginal y marginada21. Este aspecto es crucial, especialmente en materia de financiamiento agrícola, ya que en vez de estimular la iniciativa privada se relega a un segundo plano sometiéndola a una serie de restricciones y obligaciones.

Por su parte, Aguiar (2000) señala la existencia, en la Constitución de 1999, de contradicciones de difícil conciliación en el actual régimen económico. Tal afirmación la sustenta en el artículo 299 donde se indican los principios sobre la libre competencia y posteriormente en el artículo 300, “se abren las puertas” para

20 La constitución de 1999: comentada por Allan Brewer-Carias. Caracas: Editorial Arte. 21 Idea. p. 225.

que el Estado empresario participe en cualquier ámbito económico en los cuales fuere aconsejable o razonable su presencia (pp. 77-83)22.

Igualmente, el autor precitado, al referirse a los artículos 305 y 310 de la Constitución Nacional vigente, expresa que tanto la actividad agrícola nacional como la turística se encuentran sujetas a la tutela del Estado. Este comentario es importante debido a las implicaciones que representa en cuanto al rol del Estado tal como lo veremos en las leyes relacionadas al financiamiento agrícola.

En este contexto, en el Régimen de la Intervención Estatal en la Economía de la Carta Magna tenemos al Estado venezolano como: promotor, regulador, empresario y planificador, el artículo 305, lo define como:
1. Estado promotor de la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural a la vez que de las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola.
2. Estado regulador al señalar su facultad de dictar las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.

Para cumplir con estos preceptos, el gobierno nacional, realizó diversos cambios en los ministerios, fondos e institutos dirigidos al agro, eliminado algunos, a saber23: Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), Fondo de Crédito
Agrícola y pecuario (FCA), Fondo Nacional del Café (Foncafé), Fondo Nacional del
Cacao (Foncacao), y Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Fonaiap).
22 Al respecto ver: Aguiar, Asdrúbal. (2000). Revisión crítica de la constitución bolivariana.
Caracas: Editorial CEC S.A.
23 Véase, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Decretos 417 al 420, del
25/10/1999.
Así mismo, creó el Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), el Instituto
Nacional de Tierras (INTI) y el Fondo Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero, Forestal y Afines.
3.3. Ley de Tierras y Desarrollo Agrario


En Venezuela, luego de promulgada la Ley de Reforma Agraria y de la
Constitución Nacional, en 1960 y 1961 respectivamente, no se realizaban cambios
tan profundos en el ámbito legal en materia agraria, hasta los formulados en la
Constitución Nacional de la República Bolivariana de 1999 y la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario, a finales de 2001. En cuanto a ésta última Ley, en su artículo 24, establece que los organismos agrarios creados por la misma para la ejecución de su competencia actuarán conforme a los siguientes principios constitucionales:
�� Seguridad alimentaría.
�� Utilidad pública.
�� Función social de la tierra.
�� Respeto a la propiedad privada.
�� Promoción y protección de la función social de la producción nacional.
�� Promoción de la independencia y soberanía agroalimentaria de la nación.
�� Uso racional de las tierras y los recursos naturales y la biodiversidad
genética.
Del mismo modo, la Ley precitada, establece que el Estado organizará el
servicio eficiente de crédito agrario incorporando a las instituciones estatales si lo
considerase necesario.
Respecto al uso de las parcelas adjudicadas por el Instituto Nacional de
Tierras como garantía para la obtención de créditos solamente permite la prenda
sobre la cosecha, con la condición de estar autorizadas –certificado por escrito--
por la Oficina Regional de Tierras correspondiente. De igual manera, prohíbe la
constitución de hipoteca o gravamen cualquiera sea su naturaleza.
Las limitaciones respecto a la disponibilidad de garantías para optar al
financiamiento agrícola ante las instituciones financieras formales privadas e
inclusive públicas es uno de los principales escollos a salvar por parte de los
productores agrícolas.
Para dar cumplimiento con lo previsto en esta Ley, se contempló la creación
de diversos entes agrarios, cada uno con un objeto previamente definido e
independiente del resto, a saber:
1. Instituto Nacional de Tierras (INTI)
Tiene por objeto es la administración, redistribución de las tierras y la
regularización de la posesión de las mismas (artículos 120 y 121).
2. Instituto Nacional de desarrollo Rural (INDER)
Su creación responde a la necesidad de contribuir con el desarrollo rural
integral del sector agrícola, en materia de infraestructura, capacitación y
extensión (artículos 136 y 137).
3. Corporación Venezolana Agraria (CVA)
Su objetivo principal es desarrollar, coordinar y supervisar las actividades
empresariales del Estado para el desarrollo del sector agrario. Para tales
fines podrá crear las empresas y demás entes de carácter privado que sean
necesarios para el eficaz cumplimiento de su objeto.
3.4. Ley de Crédito para el Sector Agrícola
La Ley de Crédito para el Sector Agrícola24, fija las bases del crédito
agrícola por medio de la regulación y control de las operaciones de la banca privada en cuanto al monto –máximo y mínimo— de la cartera agrícola y la tasa de
interés aplicada
24 Ley de Crédito para el Sector Agrícola. República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial,
5.551, Noviembre, 2001.
Esta es una forma de intervención del Estado en el mercado financiero
rural, representado por la Superintendencia Nacional de Bancos, quien velará por
su cumplimiento; en lo concerniente a los procedimientos y requisitos para otorgar
préstamos remite a la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
El porcentaje mínimo de la cartera de créditos que cada banco --universal o
comercial—deberá destinar a la actividad agrícola se fijará el primer mes de cada
año no pudiendo exceder el 30% de la cartera de crédito.
La Ley describe la forma de calcular la tasa de interés para el sector
agrícola de acuerdo a la tasa activa promedio ponderada de los seis principales
bancos comerciales y universales del país, calculada y publicada mensualmente
por el Banco Central de Venezuela. El problema de la falta de incentivos de la banca privada para ofrecer servicios financieros a la clientela rural es resuelto por el gobierno al exigirle – mediante Ley-- que participe como intermediario a la colocación de recursos económicos en el sector agrícola.
Cuando el gobierno fija al sector bancario una cuota determinada de préstamos a otorgar, por lo general, no participa directamente en la elección de los procedimientos para evaluar las solicitudes de financiamiento de los productores agrícolas; el banco asume la totalidad del riesgo.
De este modo, la banca privada ve disminuido su grado de autonomía financiera en la toma de decisiones del destino de su cartera crediticia. Además, se le exigen tareas extras como la presentación de informes mensuales sobre los créditos, la supervisión sobre el destino de estos por medio de los documentos demostrativos del uso de los recursos obtenidos en préstamo. Igualmente, contempla multas y sanciones a los beneficiarios que desvíen los recursosa fines diferentes al agrícola y a los bancos por incumplimiento en el monto de las colocaciones.
3.5. Otras Leyes financieras relacionadas al sector agrícola
a) Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana
Empresa
En 1999, se da un avance importante en financiamiento agrícola al crearse por Ley el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa25. Este sistema reposa en la cooperación de sus integrantes básicos: pequeñas y medianas empresas, entidades financieras y entes públicos nacionales, regionales o municipales.
De acuerdo con el artículo 2, de la prenombrada ley, se define como pequeña y mediana empresa tanto las unidades de producción de la industria manufacturera, las de apoyo o servicio a ésta y a la actividad comercial o turística, así como a la producción agrícola, pecuaria, minera, forestal o pesquera, ya sean dichas unidades de producción, propiedad de personas naturales o jurídicas.
Uno de los efectos más importantes de este sistema de garantías es que facilita el acceso al crédito del sistema financiero y entes crediticios, públicos y privados, mediante elotorgamientode garantías que avalan los créditos que las pequeñas y medianas empresas requieran para financiar sus proyectos.


25 Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas de la Pequeña y Mediana
Empresa. República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial, 5.372, Agosto, 1999.

Conforme a lo previsto por está Ley, se creó la Sociedad de Garantías Recíprocas del Sector Agropecuario, Forestal, pesquero y Afines Sociedad Anónima (Sogarsa). Posteriormente con la finalidad de incrementar la disponibilidad financiera de dicha sociedad, Fondafa de los créditos otorgados deducirá el 1% del costo de producción, al momento del primer desembolso,
monto que debe transferir a un fideicomiso del Fondo de Garantía Solidaria; tal cantidad no será reembolsable al productor. Como medida para estimular la participación de los productores agrícolas en Sogarsa, serán exonerados del pago del 1% antes señalado, aquellos que se encuentren inscritos y sean beneficiarios de créditos de Fondafa. Cabe destacar la adscripción de dicha sociedad al Ministerio de Agricultura y Tierra, según lo pautado por la Ley que la regula.
b) Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema
Microfinanciero.
A comienzos de 2001, se aprobó la Ley de creación, estimulo, promoción y desarrollo del sistema microfinanciero26 con el objeto de establecer el sistema microfinanciero e incorporar a la dinámica del desarrollo económico y social del país la economía popular y alternativa. El artículo 2, de esta Ley contiene una serie de definiciones de términos financieros, de donde tomamos los citados a continuación:
Sistema Microfinanciero: Conjunto de entes u organizaciones públicos o privados que mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros; fomenten, promocionen, intermedien o financien tanto a personas naturales; sean auto-empleadas, desempleadas y microempresarios, como a personas jurídicas organizadas en unidades asociativas o microempresas, en áreas rurales y urbanas.


26 Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. República
Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial, 37.164, Marzo, 2001.

Microempresario: Todo aquel que desarrolle o tenga iniciativa para realizar actividades de comercialización, prestación de servicios, transformación y producción industria, agrícola o artesanal de bienes. Microcrédito: Es el crédito concedido a los usuarios del sistema microfinanciero, con o sin intereses, destinados a financiar actividades de producción,comercialización o servicios cuya fuente principal de pago este constituida por ingresos generales por dicha actividad.
Es de significativa importancia, para las zonas rurales carentes de instituciones financieras formales, que se contemplen como entes de ejecución según la Ley en cuestión a: asociaciones civiles, fundaciones, fondos, cooperativas de ahorro y crédito y otras organizaciones públicas o privadas, adoptando o no la forma de banco (artículo 14).
El criterio del legislador fue amplio, al contemplar la prestación de los servicios financieros de microcrédito, previa manifestación de tal voluntad, por parte de las instituciones financieras regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras las cuales podrán hacerlo en los términos establecidos por la ley precitada. Cabe resaltar, el impulso previsto a la economía solidaria y a las cooperativas en particular como medios para alcanzar una mayor equidad y participación del pueblo en el proceso de desarrollo del país.
El argumento principal es desarrollar instituciones financieras dedicadas al microcrédito en zonas rurales y urbanas marginadas, en especial, para quienes se desenvuelven en el sector informal de la economía.
De acuerdo a la experiencia de los entes de microcrédito se prevé la generación de información del record crediticio de los prestatarios quienes luego podrán incorporarse a instituciones financieras formales gracias a las referencias obtenidas por los microcréditos obtenidos y cancelados.

Igualmente, se contempla la creación de un fondo de desarrollo microfinanciero (artículo 18). Este tiene por objeto apoyar las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento del sistema microfinanciero (artículo 19). Su patrimonio corresponderá a aportes del Ejecutivo Nacional, de organizaciones internacionales, agencias de cooperación, fondos de organismos multilaterales y
fondos públicos (artículo 15). Sin lugar a dudas, está posible inserción de los productores agrícolas a las instituciones formales de financiamiento repercutirá positivamente tanto para los prestamistas así como para los prestatarios. Respecto a los primeros, se amplían sus posibilidades de financiamiento, y para las entidades financieras se benefician también al incrementar su cartera de clientes confiables, gracias al record crediticio ganado por los productores agrícolas.

CAPÍTULO IV
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEDICADAS AL AGRO


4.1. Clasificación de las instituciones financieras
La provisión de servicios crediticios a las familias rurales se hace a través de instituciones financieras. Los prestamistas agrícolas encaran una serie de obstáculos que son inherentes al tipo de producción.
Los productores rurales someten a las instituciones financieras a mayores riesgos de liquidez que los de zonas urbanas. Generalmente las actividades económicas agrícolas son similares e interconexas; los riesgos de producción suelen estar relacionados entre varias comunidades y éstos podrían trasladarse a la institución financiera.
En el caso de instituciones de financiamiento rural los clientes son pocos, el número de ahorristas es reducido por lo que en el caso de una demanda masiva de ahorros el banco no estaría en capacidad de responder ante los clientes. Las instituciones financieras (IF) tradicionalmente conocidas son: la banca privada y los fondos públicos u organismos creados por el Estado, también denominadas instituciones financieras formales (IFF). Sin embargo, especialmente en las actividades agrícolas, observamos la presencia de “proveedores de crédito no formal”, también denominados instituciones no formales (o informales) de financiamiento (IFNF).

Como respuesta a las necesidades financieras de los productores rurales, cuyas características particulares, en muchos casos, los limitan del acceso al crédito ofrecido por las instituciones financieras formales surgen entonces las no formales solventado una falla de mercado evidenciada en una demanda no satisfecha.

Merece especial atención, al estudiar las instituciones financieras cuál es el tipo de garantía exigido para dar financiamiento. En efecto, la provisión de garantías en los préstamos agrícolas y rurales es determinante para el crecimiento de mercados de créditos, particularmente para pequeños productores.

Asociada con esta situación, la poca disponibilidad de garantías convencionales como garantía de terceras partes, hipoteca, fondo de garantía hace imperiosa la necesidad de ampliar el uso de garantías “no convencionales”: grupos de solidaridad, ahorros bloqueados, respaldo, préstamo gradual y transacciones vinculadas, entre otras27. De allí el auge del financiamiento no formal debido a su flexibilidad al tomar garantías.

4.2. Instituciones Formales de Financiamiento Público
Mucho se ha discutido sobre la conveniencia o no de la intervención estatal en la economía, especialmente en áreas fundamentales para el desarrollo, sin que se llegue a consenso. Sin embargo, todos los países protegen en mayor o menor medida a la actividad agrícola; justamente es uno de los temas más álgidos a la hora de negociar acuerdos de integración internacional, dado su impacto en grupos humanos vulnerables y sus repercusiones al resto de la sociedad.

Entre las razones que justifican la intervención pública encontramos: los períodos de transición hacia el establecimiento de mercados de capital eficientes; durante períodos de inestabilidad política o económica; las inversiones cuyo período de recuperación de capital es a largo plazo (obras de infraestructura, 27 Garantía para préstamos rurales. 1996. FAO/ALIDE. [On-line]. Disponible en: http://www.fao.org. sistemas de riego, entre otras); inyecciones de capital en las instituciones formales28.

Ante tal panorama, los gobiernos de los países en desarrollo siguen destinando fuertes sumas para financiar la actividad agrícola, nuestro país no es la excepción. Sobre la base de las necesidades del sector agrícola y al nuevo plan de desarrollo, el gobierno creó un fondo con la finalidad de cubrir tales requerimientos.

4.2.1. FONDAFA.
A finales de 2001, se sancionó y publicó la Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa) como instituto autónomo, adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio, dirigido a dar apoyo financiero para la ejecución de los programas de desarrollo económico y social dictados por el Ejecutivo Nacional en el ámbito agropecuario.

El Estado venezolano pretende a través de este fondo contribuir con el desarrollo agropecuario mediante el financiamiento de la actividad productiva en las áreas: agrícola, pecuaria, forestal y pesquera, transporte, almacenamiento, comercialización y cualquier otro servicio conexo.

Para lograr sus objetivos el fondo diseñó una serie de planes y programas destinados a cubrir los requerimientos financieros de la actividad productiva directa así como también para fortalecer el sector agroindustrial.

El Fondo opera como banco de segundo piso al suscribir líneas de crédito, provisión de fondos, fideicomisos o cualquier otro tipo de convenio de desembolso con instituciones financieras públicas o privadas las cuales asumirán el riesgo del

28 Giehler, Thorsten. (2001) Fuentes de recursos para crédito agrícola. N° 4. FAO, p. 87. [En
línea]. Disponible en:
http://www.fao.org.

préstamo otorgado; con la excepción de aquellos programas cuyas características requieran que este sea compartido con el fondo.

No obstante, los pequeños productores gozan de financiamiento directo por parte de Fondafa a través de los programas sociales y de desarrollo agropecuario donde éste asume completamente el riesgo.

El Fondo se considera como un intermediario financiero incompleto; aparte del crédito no ofrecen ningún otro servicio financiero, tales como: facilidades de depósitos de ahorro, seguros o transferencia de dinero29.

Las instituciones financieras cobrarán por las operaciones de crédito que realicen con recursos del fondo una tasa de interés conforme a lo previsto en la Ley de Crédito del Sector Agrícola, con la prohibición de cobrar cantidad alguna por: comisión de gastos de operación, redacción de documentos, costos por servicios profesionales, ni por ningún otro concepto. Posteriormente la Ley de creación del Fondo indica que la cuantía, forma y demás condiciones en las cuales podrán realizarse estas operaciones, se establecerá en su reglamento. Para enfrentar las adversidades del clima se diseño el Fondo Especial Agropecuario de Contingencias que procurará los recursos necesarios para la cobertura efectiva de contingencias catastróficas naturales que afecten a la producción de los agentes agropecuarios del país como: inundaciones, terremotos u otros desastres naturales que comprometan la actividad productiva de la región donde se produjo.

La Sociedad de Garantías Recíprocas, el fondo constituirá y capitalizará una sociedad nacional o regional de garantías recíprocas con el objeto de

29 Giehler, Thorsten. Obra citada, p. 39.

asegurar mediante avales o fianzas el desarrollo de los sectores agropecuarios, pesquero, forestal y afines.

La asistencia técnica del crédito es obligatoria, salvo que el beneficiario muestre su experiencia en la actividad que va a desarrollar; en algunos casos se considera como una partida financiable, esta comprende:
• La organización para la producción de las economías populares y cooperativas;
• Transferencia tecnológica a través de servicios de extensión;
• Preparación del proyecto;
• Tramitación del crédito, supervisión, recuperación crediticia;
• Transporte, almacenamiento y comercialización del proceso productivo.

Documentos que acreditan la tenencia de la tierra ante FONDAFA
Privado
Título de propiedad o contrato de arrendamiento debidamente protocolizado (Registrado).
Baldío
Título supletorio o documento de propiedad de bienhechurías registrado.
Ejido
Documento de propiedad de bienhechurías, Título supletorio de propiedad de bienhechurías o
Contrato de arrendamiento registrado,
*Se requiere autorización de la autoridad competente del municipio, para constituir garantías.
INTI
Título de adjudicación otorgado por el Instituto Agrario Nacional o el Instituto Nacional de Tierras, o Carta agraria y/o carta de permanencia con autorización para constituir la garantía, otorgada por la Oficina Regional de Tierras

Con el propósito de fortalecer las comunidades agrícolas y apoyar a los productores rurales, el Fondo podrá otorgar créditos directamente a través de programas especiales de desarrollo agropecuario y programas sociales, como ejemplo, tenemos los señalados en el primer capítulo.

Aunque cada programa y plan presenta condiciones de acceso diferentes en términos generales tenemos:
• Los beneficiarios o sujetos de crédito pueden ser personas naturales o jurídicas quienes harán las solicitudes de manera individual o colectiva (cooperativas o asociaciones de productores).
• Las garantías difieren dependiendo del programa y de la fuente de financiamiento. Si la banca privada asume la totalidad del riesgo del préstamo exige garantías fácilmente realizables. Para constituir como garantía la propiedad de la tierra se requieren, según el caso, diferentes documentos.

Una observación importante respecto al tipo de financiamiento ofrecido por Fondafa lo hace FAO al señalar que cuando las instituciones financieras sólo se relacionan con sus clientes como prestatarios, pierden la posibilidad de obtener información valiosa sobre su desempeño como ahorradores, lo que podría ayudarles a apreciar con mayor precisión su solvencia. Además, es probable que esta interrelación haga que los prestatarios paguen sus préstamos oportunamente y que los prestamistas asuman la responsabilidad de recuperar los préstamos al saber que los recursos provienen de sus vecinos y no de una agencia estatal o de un donante internacional lejano30.

30 Giehler, Thorsten. Obra citada, p. 67.

4.2.2. Instituciones regionales de crédito agrícola y bancos de desarrollo
Fondos regionales agrícolas En Venezuela, surgen los fondos regionales a raíz del proceso de descentralización y transferencia de competencias del poder público nacional acaecido a partir de la década del 90.

Originalmente se creó en nuestro estado el Instituto de Desarrollo Agrícola del Estado Mérida (IDA –Mérida), y luego es transformado en el Instituto de Acción Agropecuaria (IAAGRO).

Posteriormente, el gobierno actual del Estado Mérida concentró la cartera crediticia del estado en el Fondo Merideño de Desarrollo (FOMDES), suprimiendo al IAAGRO. Pero, igualmente, financiando al sector agrícola.

De la misma forma, todos los estados crearon fondos regionales para financiar en condiciones más flexibles, que las exigidas por las instituciones financieras formales privadas, a los diferentes sectores, a saber: agrícola, vivienda, turismo, entre otros.

Banco de Desarrollo Económico y Social
El Banco de Desarrollo Económico y Social31 (BANDES) actúa como agente financiero del Estado, para atender el financiamiento de proyectos orientados hacia la desconcentración económica, proyectos especiales de desarrollo regional y estimula la inversión privada en zonas deprimidas y de bajo rendimiento.

Se dirige a pequeños y medianos empresarios e industriales, productores agropecuarios, proponentes de proyectos enmarcados en los sectores agrícola, industrial, servicios, entre otros.
De especial interés resulta la inclusión de intermediarios financieros bancarios y no bancarios: banca pública y privada, sistema microfinanciero, fondos regionales, institutos de crédito, cooperativas y otros organismos e instituciones que gestionan y canalizan recursos para impulsar el desarrollo de los sectores productivos del país.

Entre los tipos de proyectos objeto de financiamiento tenemos: proyectos económicos y sociales. El primero, orientado a la producción de bienes o servicios, en el marco de los sectores económicos (industria, servicio, agrícola, minas y canteras), con el fin de obtener un beneficio como resultado de su venta en el mercado.

En tal sentido, se evaluarán actividades vinculadas a los sectores económicos: industrial (agroindustria, manufacturero, entre otros), agrícola (animal y vegetal, rubros bandera y estratégicos, plantaciones forestales) y servicios (posadas, campamentos turísticos, renglón alimenticio, entre otros).

Los Proyectos Sociales buscan consolidar las bases para un desarrollo social sustentable y equilibrado. Evaluarán proyectos vinculados a las actividades:

31 Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.194, Mayo, 2001 y enmendado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.228, Junio, 2001.

sociales productivas (orientado a satisfacer necesidades básicas de la población como: salud, educación y alimentación, presentados por organizaciones con fines de lucro), sociales no productivas y de carácter excepcional.

4.3. Instituciones Formales de Financiamiento Privado Banca privada
La función de la banca privada en cuanto al financiamiento agrícola ha sido regulada por el Estado a través de normativas legales dirigidas a determinar tanto la tasa de interés como el monto de la cartera agrícola. Tal intervención estatal no es nueva en el sector agrícola, la mayoría de los gobiernos han diseñado mecanismos legales con el objeto de proveer de recursos financieros a los
productores bien sea por vía de organismos públicos como a través de los bancos comerciales.32

La mayoría de los bancos nacionales carecen de una red de sucursales rurales y de especialistas con conocimientos técnicos sobre la concesión de créditos agrícolas; sus costos operativos no son cubiertos por la pequeña clientela local.

El desarrollo de las telecomunicaciones y el extendido uso de computadoras y del servicio de Internet atenúa las limitaciones de los agricultores de realizar visitas regulares a los bancos para conocer los planes de financiamiento.

Las potencialidades del uso de servicios bancarios electrónicos como tarjetas de crédito (para proveerse de efectivo o adquirir bienes), las transferencias de dinero entre cuentas para realizar pagos y el uso de tarjetas inteligentes que

32 A pesar de la numerosa bibliografía en torno al tema se sugiere: Abreu, Edgar y otros. (1993). La gricultura componente básico del sistema alimentario venezolano. Fundación Polar: Caracas
y Coles Ward, Jonathan. Obra citada.

facilitan el la entrega de insumos y equipos para la producción por parte de comerciantes plantea un nuevo panorama para el manejo de las finanzas rurales. Cualquiera puede argumentar que no todos poseen computadoras o no saben manejarlas; sin embargo, cada día está más extendida la presencia de cyber café o centros de comunicación (la mayoría bajo la modalidad de franquicias) que ofrecen servicios de comunicación telefónica fija y móvil, así como servicios de conexión a Internet.

Tipos de instituciones de crédito rural
Tipo de préstamo
Instituciones informales
Instituciones formales
Con Garantía
Casas de empeño
Prestamistas que adquieren los títulos de propiedad de la tierra
Instituciones de empeño laboral
Bancos comerciales
Bancos o fondos de desarrollo rural
Programas públicos de crédito
Crédito hipotecario ofrecido por comerciantes (vendedores de insumos)
Sin garantía
Prestamistas
Crédito de comerciantes (compradores de productos)
Crédito de comerciantes (vendedores de insumos)
Amigos y familia
Grupos de ahorro
Instituciones de trabajo forzoso
Algunas asociaciones de crédito
Cooperativas de crédito
Asociaciones de agricultores
Instituciones financieras no bancarias (por ejemplo, Compañías de seguros)
Grupos de microcrédito
Fuente: Banco Mundial. (2002). Informe sobre el desarrollo mundial. Madrid, p. 40.
Bolsa Agrícola

En noviembre de 1998, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Valores dictan la resolución N° 439-98 referida a las Normas para Establecer Bolsas Agrícolas. De esta manera, se define el marco legal para la creación de bolsas agrícolas y el país entra en una nueva fase en cuanto a modalidades de financiamiento y comercialización de productos agrícolas. Apenas ocho meses después se aprueba el Reglamento Interno de la bolsa de productos e insumos agropecuarios de Venezuela (Bolpriaven).

La Bolsa tiene por objetivo principal la prestación de los servicios necesarios para realizar en forma continua y ordenada la negociación de:
• Contratos de compraventa, suministro y permuta de productos de naturaleza agrícola,
• Contratos de opciones y futuros,
• Certificados de depósitos,
• Bonos de prenda y
• demás valores sobre productos e insumos de origen y destino agrícola que sean registrados o transados por intermedio de la bolsa.

Con la finalidad de proporcionar condiciones de transparencia y seguridad, el artículo 1, del reglamento de la bolsa, regula los procedimientos entre los productores agroindustriales, intermediarios, comerciantes e inversionistas mediante los cuales se negocian por su intermedio los distintos:
• Bienes, servicios o productos de origen o destino agropecuario, y
• Los valores o documentos representativos de estos,
• Los sujetos y entidades que de cualquier forma intervengan en dichas negociaciones.

En relación con los tipos de mercados previstos en Bolpriaven se contemplan dos modalidades, en primer lugar, Físicos: en el cual las transacciones se liquidarán con la transferencia efectiva de la propiedad del bien o documento, o con la prestación del servicio objeto de negociación. Contempla tres tipos de operaciones de acuerdo al lapso de tiempo transcurrido entre la realización del negocio y la entrega del bien: entrega inmediata, máximo 5 días; a plazo, entre 6 y 90 días; diferida o futura, entre 91 y 180 días.

En segundo lugar, el mercado de opciones y futuros, en el cual las transacciones se liquidan con:
�� La transferencia efectiva de la propiedad del bien o documento,
�� La prestación del servicio objeto de negociación,
�� Mediante la liquidación financiera de la operación.

En cuanto a la determinación del precio se tienen dos opciones: el precio fijo y el precio a fijar, esto de acuerdo a los términos previamente establecidos en la negociación. Respecto a la calidad de los productos negociados puede establecerse: por muestra o por descripción. Ésta última, a su vez, se efectúa de acuerdo a normas, factores y defectos de calidad.

Sin duda alguna, la creación de la Bolsa Agrícola constituye un avance sin precedentes en el país, en cuanto a participación organizada del sector privado, en materia de comercialización agrícola y de una u otra manera en el financiamiento.

4.4. Instituciones No Formales de Financiamiento
Luego de la eliminación de bancos, institutos y organismos estatales de financiamiento agrícola, los agricultores han recurrido en mayor cantidad y frecuencia a las instituciones no formales de financiamiento o han tenido que afrontar sus decisiones sin crédito. Pero el mercado responde rápidamente a las demandas insatisfechas surgiendo y redimensionado diferentes opciones de financiamiento.

Los proveedores de servicios financieros no formales llenan vacíos en los mercados financieros, al atender fundamentalmente a personas pobres o de bajos ingresos catalogados por los entes financieros formales como sin viabilidad bancaria33.

Uno de los mayores obstáculos de la intermediación financiera es el reducido número de pequeños productores que cumplen con los requisitos para optar a créditos34. Estos presentan problemas de provisión de garantías reales, flujos bajos e irregulares de ingresos y pequeños volúmenes de las transacciones razones por las que sólo pueden acceder a las instituciones no formales de financiamiento.

La dispersión geográfica de los productores aunado a los cambios en los sistemas de propiedad de la tierra –en parte por los cambios legales acaecidos en Venezuela a partir de 1999-- limitan el acceso al sistema bancario formal que tiene una base urbana.

Un aspecto importante a considerar son los altos costos financieros de transacción que suponen las solicitudes de crédito tanto para los prestatarios como para la banca por la dispersión de los clientes, los pequeños montos de los préstamos y la percepción de mayores riesgos asociada a la actividad agrícola.

La falta de información sobre la disponibilidad y condiciones de financiamiento junto al tiempo que debe destinarse para visitar los bancos y reunir los requisitos desaniman a los productores. Los bancos, por su parte, muchas veces no poseen información completa sobre los clientes, la viabilidad de las inversiones agrícolas y la capacidad de pago de los clientes.

33 Fiebig, Michael y otros. (2001). Mejores prácticas del financiamiento. Nº. 3. FAO – GTZ. Págs. 11-18. [En línea]. Disponible en http://www.rlc.fao.org
34 Schuetz. Guilherme. (1998). Algunas consideraciones sobre instancias no formales de financiamiento. [En línea]. Disponible en: http://www.rlc.fao.org.


Características de la “Informalidad” de las finanzas no formales
- No es subsidiada ni regularizada.
- Fácil accesibilidad.
- Disponibilidad de préstamos muy pequeños y por cortos periodos.
- Bajos costos administrativos y de información.
- Poca o ninguna garantía.
- Tasas de interés flexibles y variables.
- Transacciones altamente flexibles y pagos establecidos conforme a las necesidades individuales.
- Prácticas arraigadas en las costumbres y cultura local.
- Costos de transacción más bajos.
Fuente: Srinivas, Hari y Yoichiro, Higuchi citado por Schuetz, Guilherme.

En algunas zonas las transacciones siguen realizándose preferiblemente en efectivo, dado la lejanía de los bancos, la imposibilidad de conformar cheques, los cobros de comisiones bancarias e impuestos (Impuesto al Debito Bancario) por movilizar fondos, entre otros.

La falta de garantías reales junto con la irregularidad y bajos flujos de los ingresos son, sin duda alguna, los principales escollos a salvar por los productores agrícolas para acceder al crédito en institutos formales de financiamiento.

Como respuesta a tales limitaciones -- o fallas de mercado-- surgen las instituciones no formales de financiamiento destinadas a suplir las necesidades financieras de los productores rurales, con fácil acceso, mayor flexibilidad --en cuanto a garantías, plazos y formas de pago-- e informalidad.

Los proveedores de crédito no formal comprenden una gran variedad, sin embargo, los clasificaremos en tres grandes grupos: Proveedores de crédito, asociaciones de ahorro y crédito, y prestamistas; tales instituciones no formales de financiamiento se caracterizan por:
�� Tener un impacto local.
�� Cobrar intereses mayores a los bancarios.
�� Mayor rapidez en dar respuesta a las solicitudes.
�� Menor cantidad de trámites.
�� Cuentan con la presión de la comunidad para exigir el pago.
�� Se basa en el prestigio del solicitante al evaluar la solicitud.

Las instituciones no formales de financiamiento

VENTAJAS
DESVENTAJAS

Ofrece una oportunidad de ahorrar y mantiene los ahorros bastante líquidos.
El momento de recibir los fondos puede que no coincida con la necesidad de financiamiento de algún miembro.
Los riesgos del “no pago” son compartidos por todos los miembros. Existe la presión del grupo
para asegurar que todos hagan sus contribuciones en tiempo oportuno.
Cuando un miembro no cuenta con dinero para cubrir su aporte rompe con el ritmo del fondo limitando la disponibilidad para otros miembros.
Se constituyen de manera democrática, las normas y procedimientos son establecidas por los miembros.
Las malas experiencias en cuanto al cumplimiento de los compromisos genera pérdida de confianza difícil de recuperar.
Las ganancias e ingresos son distribuidos entre todos de manera igualitaria
Financiamiento a corto plazo.
Facilita la disponibilidad de sumas mayores de dinero para invertir, de forma más rápida que el
ahorro.

4.3.1. Proveedores de crédito
Dentro de esta categoría se incluyen los acuerdos basados en el financiamiento del comercio y la agricultura por contrato. Esta última es una venta a futuro, el productor al firmar el contrato ya no es dueño de la cosecha, sólo responsable de la buena marcha del proceso productivo. 52
a) El financiamiento del comercio Se refiere a comerciantes de productos agrícolas quienes suministran materia prima e insumos (semillas, abonos, agroquímicos, materiales e implementos agrícolas) necesarios para el desarrollo de las actividades agrícolas los cuales son pagados en los términos acordados. La conexión entre el suministro de insumos agrícolas con el crédito y la comercialización de la producción funciona bien independientemente de la asistencia técnica y de la supervisión por parte de los proveedores de financiamiento. No obstante, estos muchas veces lo exigen como condición para dar el crédito.
b) Agricultura por contrato La agricultura por contrato se concibe “como un acuerdo entre agricultores y empresas de elaboración y/o comercialización para la producción y abastecimiento de productos agrícolas para entrega futura, frecuentemente a precios predeterminados”35. Merece atención especial esta modalidad de negociación por la cual se opta cada vez con más frecuencia en la zona andina venezolana. Su gran ventaja es establecer un enlace entre los agricultores y los empresarios (comerciantes, agroindustria, etc.) que facilita, a los primeros, la producción y venta de los productos agrícolas gracias a la seguridad (especialmente en el precio de venta) de la colocación de éstos en el mercado, con el consecuente ahorro de esfuerzos de comercialización; por su parte, los empresarios tienen un alto grado de certeza en el abastecimiento de dichos bienes.

35 Eaton, Charles y Sheperd, Andrew. (2001). Agricultura por contrato: alianzas para el
crecimiento. N° 145. Roma: FAO. p.1.


Si bien pudiera considerarse, la agricultura por contrato, como una forma de financiamiento realmente corresponde al área de comercialización puesto que el agricultor ya no decide sobre la forma de producción (cultivo y cosecha) ni sobre el destino de los bienes objeto de contrato, se convierte en un administrador de la siembra.

Es innegable que tal forma de negociación da al agricultor a pequeña escala facilidades en cuanto al acceso a insumos, asistencia técnica, servicios de extensión, servicios de mecanización, manejo poscosecha, entre otros, claro está, dependiendo de los términos del acuerdo que de otro modo tendrían un alto costo; de está manera, el comprador asegura la calidad y cantidad del producto.

Uno de los mayores beneficios consiste en la eliminación de eslabones de comercialización innecesarios lo que debería redundar en menores precios de los alimentos para el consumidor final.

El problema surge cuando el agricultor decide vender su producción a otro comprador, quien le ofrece un precio mayor al acordado inicialmente con el financista, corriendo el riesgo de quedarse sin financiamiento para el próximo ciclo productivo. La agroindustria necesita establecer relaciones a largo plazo con los agricultores con el fin de asegurarse el abastecimiento constante de materias primas esenciales y/o productos finales de alta calidad36.

36 Giehler, Thorsten. Obra citada, p. 9.

Ventajas y desventajas de la Agricultura por Contrato
Agricultores Inversionistas
Ventajas
1. Los insumos y los servicios de producción son a menudo suministrados por el patrocinador
o inversionista.
2. Acceso al crédito en forma de anticipos hechos por el inversionista o créditos bancarios con aval del contrato como garantía.
3. Suele introducirse nuevas tecnologías.
4. Transferencia de destrezas.
5. Estructuras de precios determinadas y garantizadas
6. Acceso a mercados confiables.
1. Aceptabilidad política, muchos gobiernos son reacios a las grandes plantaciones prefieren la
redistribución de la tierra.
2. Trabajar con pequeños agricultores hace posible superar las limitaciones de tierra.
3. Confiabilidad en la producción y riesgo compartido, las empresas no son responsables de la producción.
4. Mayor consistencia de la calidad que al comprar en el mercado abierto.
5. Promoción de insumos agrícol

Desventajas
1. Los cultivos nuevos pueden enfrentar a los agricultores a riesgos de fallas en el mercado y de problemas de producción (tecnología inapropiada).
2. La administración ineficiente o los problemas de mercadeo pueden conducir a que sean manipuladas las cuotas de forma tal que no toda la producción sea adquirida
3. Puede ser que las empresas patrocinadoras no sean confiables o que estén explotando una posición monopolística.
4. Los agricultores pueden endeudarse debido a problemas de producción y a excesos en los anticipos.
1. Restricciones de disponibilidad de tierra, pueden surgir problemas cuando la seguridad sobre la propiedad de la tierra es mínima o ninguna.
2. Restricciones sociales y culturales en comunidades donde las costumbres y tradiciones juegan
un papel importante.

3. Descontento del agricultor.
4. Los agricultores pueden vender por fuera del contrato (mercadeo extracontractual) con lo cual
afecta el abastecimiento de la empresa elaboradora.
5. Desviación de insumos a otros propósitos diferentes al del contrato, afectando los rendimientos.
FUENTE: Adaptación del autor a partir de Eaton, Charles y Sheperd, Andrew. (2001). Agricultura por contrato: alianzas para el crecimiento. Nº 145. Roma: FAO. Págs.11-18.

4.3.2. Asociaciones de ahorro y crédito
Las asociaciones de ahorro y crédito son los fondos rotatorios de ahorro y crédito conocidos como ROSCAS (Rotating Savings and Credits Associations).
Cada uno de los miembros hace aportes regulares hacia un fondo común que periódicamente es entregado una vez a cada uno.
Entre los efectos positivos de estas asociaciones tenemos la organización de la comunidad en grupos y la generación de financiamiento local con recursos propios. Esta experiencia tiende a repetirse para la solución de otros problemas locales como la participación en trabajos comunitarios donde la mano de obra de los lugareños constituye un aporte importante para la realización y mantenimiento de las obras.

En el Estado Mérida, a partir de 1999, comienza a implementarse, con financiamiento internacional, el Programa de Comunidades Rurales Pobres (Prodecop). Se caracteriza principalmente por: la capacitación para el desarrollo y la participación ciudadana así como por el fomento de servicios financieros y sistemas de financiamiento rural37.

A través de la constitución de cajas rurales se prestan servicios financieros al pequeño productor y su familia, para que éstos puedan efectuar sus inversiones y procesos productivos incrementando sus ingresos y condiciones de vida38. Su estrategia se dirige a fomentar, a través de financiamiento, el desarrollo local. Es importante destacar que, las cajas rurales aceptan depósitos correspondan a socios o no de la caja, situación que permite la obtención de intereses por los ahorros y estimula la inversión en activos financieros frente a la

37 Disponible en: http://www.ciara.gov.ve.
38 Prodecop, define las Cajas Rurales como organizaciones de desarrollo socio-económico, de carácter financiero, local, propiedad de los usuarios miembros de una comunidad, cuya finalidad es captar recursos, otorgar préstamos e incentivar el ahorro en los miembros del sistema, apoyando servicios y las actividades que desempeñan.

tradicional adquisición, en zonas rurales, de activos físicos para protegerse de la inflación y del riesgo de mantener dinero en efectivo en los hogares.
Programa de desarrollo de comunidades rurales pobres (Prodecop)
Caso: Chiguará Estado Mérida
En diciembre de 1997, se firman los contratos de préstamos para implementar el Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres (PRODECOP) entre el gobierno de Venezuela, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA).

En 1999 comienza a ejecutarse el programa con el fin de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas pobres y de los pequeños productores agrícolas a través de una mayor inserción de éstos en los procesos de desarrollo local. Para ello, implementa sus acciones a través de los componentes:

Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana, Servicios Financieros y Sistemas Financieros Rurales, y Seguimiento y Evaluación.

En Chiguará, al comienzo de la intervención hubo una fuerte resistencia de los lugareños a participar en la caja rural, debido a las malas experiencias anteriores con otras organizaciones, tales como los Productores Asociados Cafetaleros de Chiguará (PACCA) y la Cooperativa Centro Regional de Abastecimiento y Mercadeo (CRAM). A pesar de esta situación, de forma paulatina se fueron incorporando a las actividades, manteniendo una alta asistencia y participación.

Los resultados fueron notables, para 2001 se contaban como efectos positivos de la caja rural los siguientes:
- Disponer de una organización financiera que permite adquirir créditos rápidos sin muchos trámites, con facilidades de pago y con equidad de género
- Propició la formación de asociaciones de vecinos en las comunidades intervenidas;
- Estimuló una alta motivación al ahorro en adultos y niños;
- Satisfizo la demanda de servicios financieros de comunidades vecinas;
- El capital rotó siete veces y la morosidad se mantenía en cero;
- Rápido incremento en el número de socios, acciones y patrimonio de la caja.
Fuente: Albornoz, Nelson et al. 2001. Caja rural intercomunal San Antonio de Padua, Chiguará – Mérida. Disponible en: www.fida.org.

4.3.3. Prestamistas
Los prestamistas realizan sus operaciones con recursos propios (patrimonio personal) o con aportes de otros institutos formales de financiamiento (por ejemplo, préstamos comerciales) por los cuales cobran altas tasas de interés, en períodos relativamente cortos, casi siempre menores al año.

Bajo esta modalidad, el alto costo del capital tomado en préstamo es un freno para muchos productores que requieren financiamiento en especial para los más pequeños quienes simplemente no usan sus servicios porque no lo pueden pagar. Con frecuencia s préstamos son a corto plazo y utilizados para hacer frente a situaciones de emergencia o para satisfacer necesidades de consumo y no directamente para la producción.

Generalmente, los prestamistas se dividen en: comerciales y no comerciales. Los primeros suelen ser parientes, amigos y vecinos, realizan préstamos pequeños y no exigen garantías; en el segundo caso, son propietarios de casas de empeño, prestamistas profesionales quienes prestan dinero a corto plazo y cobran intereses superiores a los bancarios.

Conclusiones

Siendo el financiamiento agrícola un tema relevante, tanto desde el punto de vista económico como político y social, resulta necesario profundizar en el análisis del impacto del crédito dirigido, implementado en Venezuela durante el proceso de reforma agraria, abandonado posteriormente y retomado en la actualidad.

Para cumplir con tal propósito se requiere de datos estadísticos para medir y evaluar los resultados de tal política crediticia en cuanto a la recuperación de la cartera de créditos, la morosidad, el volumen de producción por rubros, la superficie sembrada y cosechada y el rendimiento de los diferentes cultivos, crías de animales y pesca así como los niveles de importación y exportación agrícola, entre otras variables.

La presencia en las zonas rurales de instituciones no formales de financiamiento evidencia, por un lado, la demanda crediticia y, por otra parte, la falta de flexibilidad de las instituciones formales para dar respuesta a un mercado potencial de financiamiento, que paga por el uso del capital cantidades mayores de intereses que los previstos por estas últimas.

El desarrollo de mercados financieros rurales requiere el suministro de asistencia técnica a las instituciones no formales (cajas rurales, cooperativas, asociaciones de ahorro y crédito) con el propósito de disminuir los costos del capital prestado por las familias rurales.

El apoyo legal y económico al establecimiento de un sistema de microcrédito es, sin lugar a dudas, uno de las mejores políticas para los productores agrícolas y las familias rurales.

Las empresas asociativas se encuentran contempladas en las leyes del sistema microfinanciero y de garantías recíprocas como entes que pueden ejecutar funciones de intermediación financiera, facilitando el desarrollo de mercados financieros rurales.

Las instituciones formales deben tomar en cuenta la flexibilidad y políticas de manejo del riesgo de las no formales con objeto de complementarse y facilitar un servicio financiero suficiente y oportuno en las áreas rurales.

Posteriormente, es necesario realizar un análisis estadístico del impacto de las políticas de financiamiento de las instituciones públicas así como las privadas para determinar la conveniencia o no de la intervención estatal en los mercados financieros, y el papel de las empresas asociativas como intermediarios financieros en áreas rurales.

Siendo la presente investigación un primer acercamiento al sistema actual de financiamiento agrícola en Venezuela, surgen un sin fin de dudas sobre el futuro del sector agrícola no quedando más que esperar los resultados para afianzar los éxitos y corregir las fallas.


María Mascarell
Octubre de 2004

Bibliografía
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Referencias legales
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Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.323, Noviembre, 2001.
Ley de Transformación del Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.194, Mayo, 2001 y enmendado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.228, Junio, 2001.
Ley del Fondo Nacional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.317, Noviembre, 2001.
Ley que regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas de la Pequeña y Mediana Empresa. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 5.372. Agosto, 1999.
Reglamento Interno de la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarias de Venezuela. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.752. Julio, 1999.

Anexo 1
¿Qué son las instituciones?
Las instituciones son normas, mecanismos de observancia y organizaciones. A diferencia de las políticas -- que son las metas y los resultados deseados --, las instituciones son las reglas, incluidas las normas de comportamiento, que regulan la interacción de los distintos agentes – y las organizaciones que aplican las normas y códigos de conducta para lograr los resultados deseados. Las políticas condicionan la evolución de las instituciones, pero las instituciones determinan también qué políticas se adoptan. La estructura institucional influye en el comportamiento puede cambiar también dentro de las estructuras institucionales existentes.

La creación de instituciones puede ser por iniciativa de agentes muy diversos: autoridades públicas, gente de negocios o miembros de la comunidad. Las leyes sobre sociedades, garantías y quiebras son instituciones públicas, lo mismo que el sistema judicial, los organismos de recaudación de impuestos y la agencias reguladoras. Los bancos, la reciprocidad entre los miembros de la comunidad y las normas sobre la transmisión de la propiedad de la tierra son instituciones privadas. Son muchas las instituciones privadas que existen bajo el patrocinio de las instituciones públicas. Los bancos privados, por ejemplo, operan dentro del marco de la ley pública. Las normas sociales existen dentro (o fuera) de las leyes formales.

La observancia de las normas puede ser interna, es decir, por iniciativa de las partes afectadas, o externa, por iniciativa de un tercero. Las instituciones informales y los mecanismos formales privados generalmente recurren a sus propios miembros para conseguir la observancia. Los agentes individuales se organizan en grupos informales, como asociaciones de empresas o sistemas de seguros mutuos cuando el costo de la acción colectiva es bajo y es fácil supervisar las normas. En estos grupos, la expulsión de la comunidad es una forma de castigo.

Los mecanismos externos de observancia, como los sistemas judiciales o el arbitraje de tercero, son fundamentales para el desarrollo de los mercados integrados. Hacen posible el acceso a los mercados a un grupo más numeroso de participantes. Para que los mecanismos externos de observancia sean eficaces, es imprescindible la legitimidad de quien desee imponerla. Cuando el Estado comparte los objetivos y creencias de sus ciudadanos –y aplica normas que estén en consonancia con aquellos– es más probable que cree instituciones formales eficaces para apoyar el desarrollo del mercado. Las instituciones son eficaces cuando son compatibles con los incentivos. Las instituciones con mecanismos de observancia internos son eficaces porque hay un sistema mutuamente reconocido de recompensas y sanciones. Una cuestión importante en el diseño de instituciones públicas es conseguir que los incentivos que se crean den lugar de hecho al comportamiento deseado. Buen ejemplo de ello es el seguro de los depósitos, cuyo objetivo es proteger a los depositantes de los riesgos que acompañan a las instituciones financieras.

La experiencia ha demostrado que este seguro puede debilitar el incentivo del personal directivo a prestar los fondos de los depositantes con prudencia y puede favorecer actitudes demasiado arriesgadas.

En circunstancias semejantes, se requieren reglamentos complementarios para reorientar los incentivos, por ejemplo, para garantizar que la suerte financiera de los directivos bancarios esté estrechamente relacionada con los resultados del propio banco.

Instituciones informales y formales
Las instituciones formales comprenden las normas plasmadas en forma de ley por el Estado, las reglas codificadas y adoptadas por instituciones privadas y las organizaciones públicas y privadas cuyas actividades se rigen por la legislación pública. Por ejemplo, entre esas organizaciones figuran las empresas que actúan de conformidad con la ley de sociedades.

Las instituciones informales que se encuentran con frecuencia al margen del sistema jurídico formal, reflejan los códigos no escritos de conducta social. Como ejemplos cabe citar las normas de transmisión de la tierra y los prestamistas que utilizan redes sociales para determinar la solvencia, de acuerdo con la reputación de los agentes en cuestión.

En todos los países, ricos o pobres, se utilizan instituciones informales para facilitar las transacciones, pero su importancia es relativamente mayor en los países pobres, donde las instituciones formales están menos desarrolladas. Además, las personas necesitadas de los países pobres muchas veces no reciben los debidos servicios de las escasas instituciones formales disponibles. En los países pobres, y en particular en las regiones más necesitadas, ese vacío se cubre con las instituciones informales. Los países y comunidades pueden conseguir notables avances para resolver los problemas de información y observancia sin utilizar los sistemas legales públicos formales.

Las redes basadas en vínculos comunes de carácter étnico, religioso o de otro tipo son grupos cerrados, es decir, de ingreso restringido. En esas circunstancias, los costos de procesamiento de la información y de determinación y observancia de los derechos de propiedad disminuyen debido a la existencia de relaciones mutuas o de confianza. Aunque estos costos de transacción son inferiores en los grupos cerrados, las instituciones informales y basadas en normas que son el fundamento de esos grupos suelen impulsar un conjunto menos diverso de actividades que las instituciones legales formales. A medida que se desarrollan los países, el número y variedad de interlocutores en los mercados va aumentando y las transacciones de mercado se hacen cada vez más complejas, lo que exige instituciones más formales. Asimismo, los agentes públicos privados pueden crear instituciones formales para conseguir un conjunto más diversificado de actividades.

Algunas veces, los legisladores basan deliberadamente la legislación y las prácticas judiciales formales en normas sociales. En ciertos casos lo que se hace es sencillamente codificar y modificar las prácticas existentes y redactarlas en forma de ley. Pero el proceso no es sencillo, sobre todo en las sociedades heterogéneas. Para determinar no sólo que efecto va a tener ello en la eficiencia sino también su legitimidad y efectos distributivos, hay que sopesar la importancia reconocida a las reglas y normas de cada grupo.

En principio, las instituciones informales y formales deben complementarse mutuamente. Si lo hacen, pueden reducir los costos de transacción más que si actúan por separado. Los tribunales formales, por ejemplo, no favorecen la litigación y facilitan los acuerdos informales sencillamente por la amenaza de una imposición coercitiva. En las transacciones comerciales se producen muchos más conflictos que los que se resuelven con los procedimientos formales.
Fuente: Banco Mundial. (2002). Informe sobre el desarrollo mundial: instituciones para
los mercados. Madrid, p. 6-7.